La resolución aprobada este jueves por la Organización de Estados Americanos (OEA) para aplicar la Carta Democrática en Perú fue saludada por el Gobierno del presidente Pedro Castillo, mientras que el Congreso alertó de las supuestas intenciones del mandatario de «desinformar» a los Estados miembro del organismo con su solicitud.
En una sesión extraordinaria celebrada en Washington a petición del presidente Castillo, quien pidió la aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante lo que califica como una nueva modalidad de «golpe de Estado» contra su Gobierno, el Consejo Permanente de la OEA acordó enviar una misión a Perú para evaluar su situación.
El organismo regional adoptó por aclamación una resolución de «respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú«, que fue saludada por varios ministros y por el propio presidente.
A través de su cuenta de Twitter, Castillo indicó que «se trata de asegurar la independencia y autonomía de los poderes del Estado, así como el respeto del legítimo ejercicio de poder y del gobierno elegido por el pueblo».
«El pueblo peruano ya no soporta más enfrentamientos políticos. Ni la politización de la justicia. Ni la judicialización de la política. Todos debemos iniciar un diálogo para un compromiso nacional, democrático y social que estabilice la democracia e imposibilite su alteración», señaló el gobernante.
La decisión de la OEA, sin embargo, fue en cierto modo minimizada por el presidente del Congreso, el conservador José Williams, quien sostuvo que sea cual sea la decisión que tome el organismo regional «de ninguna manera va a afectar» los procesos que siguen en marcha en el Parlamento, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Mientras el Consejo Permanente llevaba a cabo su sesión extraordinaria, el titular del Legislativo envió una misiva a la OEA para alertar de las supuestas intenciones de Castillo de «desinformar» a los Estados miembro del organismo con sus argumentos para activar la Carta Democrática.
Williams dijo que las afirmaciones del mandatario «no se ajustan a la realidad y carecen del contexto necesario».
Castillo había formalizado su petición a la OEA la semana pasada, después de que la fiscal general, Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por presuntamente liderar una supuesta organización criminal que, según el Ministerio Público, tiene el propósito de amañar contrataciones de obras públicas para obtener ganancias ilícitas.
El jefe de Estado, quien asumió el cargo en julio de 2021, defiende que el artículo 117 de la Constitución peruana no permite que el presidente en funciones sea acusado por delitos de corrupción o comunes y defiende, por tanto, que esta denuncia es «ilegal e inconstitucional».
Con información de EFE
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