La tragedia de los indígenas emberas que llevan dos años en asentamientos en Bogotá explotó este miércoles como una olla exprés. Un grupo protagonizó una protesta en las calles del centro de la capital que acabó en una auténtica batalla campal.
Las autoridades aseguran que algunos manifestantes comenzaron a agredir a funcionarios públicos con palos y piedras antes de aparecer la policía. Tanto desde la Alcaldía como del Gobierno se han condenado los hechos, que han dejado 24 heridos, entre ellos 11 policías.
El presidente Gustavo Petro también repudió el uso de la violencia. “Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía”, tuiteó.
La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía.
La Alcaldía de Bogotá ha afirmado que los indígenas bloquearon el acceso a varios edificios, pese a una presunta disposición de las autoridades al diálogo. Mientras, organizaciones de derechos humanos han denunciado que la Policía se apostó en las afueras del edificio de Avianca a pesar de que, hasta entonces, se trataba de una protesta pacífica.
Las autoridades locales han respondido que la fuerza pública intervino para “recuperar la zona” y que se produjo “una violencia injustificada”.
La condena ha sido unánime entre las autoridades. La vicepresidenta, Francia Márquez, ha declarado que ninguna violencia tiene cabida en un país que camina hacia la igualdad: “Policías y civiles, ambos son sujetos de derecho”.
El presidente del Senado, Roy Barreras, ha resaltado que el Gobierno debe repudiar estos actos, pero ha hecho especial énfasis en las agresiones ejercidas contra los policías. “¡La resistencia no es eso! ¡No a la justicia por mano propia!”, ha dicho en redes sociales uno de los senadores más cercanos a Petro.
La historia de los indígenas en Bogotá se remonta a hace dos años. Unas 2.000 familias llegaron a la capital desde distintos puntos del país como desplazados de la violencia. Durante ocho meses malvivieron en un campamento inmenso e insalubre que ocupó el Parque Nacional.
Después alcanzaron un acuerdo con las autoridades para volver a sus territorios “con seguridad” o quedarse en albergues de la ciudad. Ahora denuncian que el Gobierno no ha cumplido y que viven en condiciones de hacinamiento en el barrio de La Rioja. “Somos víctimas vulnerables, no tenemos subsidios, no tenemos nada”, ha declarado Rosmira Campo, lideresa del departamento de Risaralda.
La comunidad denuncia que en La Rioja viven 900 personas en un lugar con capacidad para 300. El líder indígena wayuu, Jairo Montáñez, estuvo en las protestas y afirma por teléfono que en el último año han muerto 21 individuos, el 80% de los cuales son niños.
Comenta que entiende el respaldo de Petro a la policía: “Es lamentable pero comprendemos que es presidente y que es la fuerza disponible de él. Coincidimos en que la violencia, los egos y la deshumanidad no son el camino”. No obstante, ha advertido de que el presidente se ha olvidado de también respaldar “a la población que juró proteger”.
Según Montáñez, dos miembros de la comunidad están detenidos y van a ser judicializados, mientras que los agresores a los indígenas no tendrán represalias.
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, elevó la voz este miércoles para exigir ayuda al Gobierno en la gestión de la crisis. “¡Bogotá es la única ciudad y entidad que ha dado refugio y ayuda humanitaria a los emberas por más de dos años! ¡Es inadmisible que nuestros servidores sean agredidos! El gobierno nacional ni evita que los desplacen ni les garantiza retorno seguro. ¡Bogotá no puede seguir sola en esto!”, se quejó.
Una de las promesas de campaña del presidente fue desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), acusado de reprimir con violencia las protestas sociales, que en Colombia suman decenas de manifestantes muertos. Sectores de la derecha criticaban a Petro por lo que consideraban una falta de apoyo a la fuerza pública. El mensaje del presidente este miércoles echa por tierra estas acusaciones.
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