TSJ multa a la ULA, UCV, UC, UDO, UPEL y Unexpo por demandar a la Onapre

TSJ multa a la ULA, UCV, UC, UDO, UPEL y Unexpo por demandar a la Onapre

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó otros dos recursos de nulidad contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), e impuso una multa contra la Universidad de Los Andes (ULA) y las rectoras de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia Arocha, Universidad de Carabobo, Jessy Divo, Universidad de Oriente, Milena Bravo, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) Rita Elena Añez y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

La Sala Político Administrativa publicó este sábado dos sentencias, con ponencias del magistrado chavista Malaquías Gil Rodríguez, en las que se declaró inadmisibles las dos demandas presentadas por las universidades venezolanas en el mes de julio.

En la decisión, el magistrado impone una multa "a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto, por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela."

De esta manera el TSJ rechazó tres demandas, la presentada por los trabajadores jubilados del Ministerio Público, a quien amenazaron con abrirles una investigación penal y les impuso una multa por "el ejercicio abusivo de una acción judicial", y a las universidades.

Respuesta rector ULA


El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci Rossini, escribió en su cuenta twitter que: 

1. Acabo de hablar con nuestra Consultoría Jurídica. No hemos sido notificados de medida alguna por parte del TSJ.

2. No hemos tenido acceso a la publicitada sentencia sobre nuestra solicitud de nulidad del instructivo-gobierno (recuérdese que yo no lo llamo Instructivo ONAPRE, sino instructivo-gobierno)

3. En el momento en que tengamos información al respecto será convocada una sesión presencial del Consejo Universitario.

4. La comunidad universitaria puede estar segura que ejerceremos, a nivel nacional, e internacional los recursos jurídicos necesarios, si es que han sido vulnerados nuestros derechos laborales y constitucionales.

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