El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, increpó al sistema judicial argentino, en especial a la fiscal Cecilia Incardona, por las decisiones para retener un avión perteneciente a Emtrasur – filial de Conviasa – en ese país, al igual que la tripulación, entre iraníes y argentinos, que iban en ese vuelo.
«Esa señora (la fiscal) que recibe instrucciones de la embajada de Estados Unidos. ¿Eso es un poder judicial independiente? Eso es una podedumbre, un sistema judicial arrodillado, eso es una violación de derechos humanos fundamentales», aseveró el exministro.
Calificó a la fiscal de «delincuente» y exigió a Argentina que «empiecen por limpiar el poder judicial, los jueces que avalaron crímenes de la dictadura, los fiscales corruptos. No hay jueces independientes en Argentina que convoquen a esa fiscal Cecilia Incardona para preguntarle qué hacía en la embajada de Estados Unidos».
Además condicionó que se retome la negociación con la oposición en México si el asunto del avión de Emtrasur no se resuelve a favor de la administración Maduro. "No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab".
Otra cuestión que abordó Rodríguez fue el papel de los medios argentinos, en especial Clarín e Infobae, en este caso. Los señaló como «productores de mentiras. ¿Por qué no dicen que ese avión era francés? Venezuela jamás permitiría que se violentaran los derechos de un argentino como se han violentado los derechos de los venezolanos en ese país».
Este 8 de agosto se cumplieron dos meses de la retención de esta aeronave de Emtrasur, que pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por operar como un brazo logístico para transportar armas, recursos y personal de organizaciones terroristas como Hezbollah y las Fuerzas Quds.
Pedro Carreño (PSUV), presidente de la comisión de Política Interior, siguió el discurso del oficialismo sobre el «secuestro» del avión de Emtrasur, pues aseveró que la retención «es darle concresión al bloqueo» de Estados Unidos.
Durante su discurso, el diputado insistió en que las sanciones de ese país buscan un «estallido social» y una «guerra civil» en Venezuela. «Que Alberto Fernández diga si es un pelele del imperio (…) pero lo que subyace es una actitud rastrera con el imperio norteamericano. Esto no es un problema de la justicia sino un problema político porque quieren seguir judicializando a esta patria».
En el acuerdo, presentado por Carreño y aprobado por unanimidad, se expresa que la retención de este avión son «acciones coordinadas» entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos para «aumentar» las sanciones sobre Venezuela. Además se conformó una comisión especial para entregar el jueves 11 de agosto dicho documento y el escrito de los trabajadores de Conviasa y Emtrasur ante la embajada de Argentina.
Mientras que Oscar Ronderos (Alianza Democrática – Nueva Esparta) dijo que no hay elementos que vinculen a Venezuela o Irán con algún delito y que ninguno de sus tripulantes están solicitados. «La unica justificación que tienen es un Tribunal de la Florida», aseveró.
El diputado señaló que pretende convocarse una norma de 2008, que no ha sido reconocida como vigente, para justificar la retención del avión. «Están siendo observados por el mundo, por Venezuela, los venezolanos lo estamos observando y vamos a reclamar la propiedad de esta aeronave».
Yonaika Ojeda, una trabajadora de Conviasa que participó del debate, aseveró que el avión de Emtrasur ha sido usado para «para llevar ayuda humanitaria» a diversos países, entre ellos Cuba. Por ello dijo que son «pretensiones desestabilizadores del imperio norteamericano y sus mentiras y patrañas para desviar la justicia argentina».
También envió un mensaje a sus compañeros: «A nuestros camaradas de trabajo que se encuentran secuestrados en Argentina les hacemos llegar nuestro respeto y consideración (…) Al imperio le decimos que nos devuelvan todos nuestros activos».
Gisela Tovar (PSUV – Yaracuy) presentó el proyecto de ley especial de trabajadoras y trajadores a domicilio. Explicó que este tipo de trabajos es aquel que se realiza desde un domicilio a cambio de una remuneración «que muchas veces es baja», realizado fundamentalmente por mujeres «de escasos recursos», que deben combinarlo con labores de cuido personal y de su familia.
La diputada oficialista dijo que esto es una acción «por el respeto y la dignidad» de este tipo de empleados, al tiempo que aseveró que la redacción de este proyecto fue «interesante», para conseguir que los contratos sean visibles, además de proteger a niños, niñas y adolescentes.
El proyecto contempla que la Inspectoría del Trabajo tenga inspectores especializados para revisar y normar este tipo de actividades, además de sanciones a empresarios que quieran imponer un contrato menor a lo que dicta la Ley Orgánica del Trabajo.
Mientras que la diputada Anyelith Tamayo (Alianza Democrática) dijo que estos trabajadores dependientes y que son parte de empresas privadas, son «importantes contabilizarlos, que haya un registro de cuántos están en condición de empleo informal».
Aseveró que este proyecto busca «garantizar la seguridad social» de estos trabajadores. «Si en esta asamblea estamos hablando de reivindicar a los trabajadores informales, es importante reivindicar a todos los sectores de los trabajadores (…) No sería justo de hablar de seguridad social y por otro lado cercenar los derechos de trabajadores como los del sector educativo nacional».
Bussy Galeano (PSUV – Carabobo) pidió el derecho de palabra para calificar de «cualquier cosa ligera» las declaraciones de Tamayo con el objetivo de tener «cinco minutos de televisión». Afirmó que desde el oficialismo «entienden muy bien» que respetan los derechos y la protección de los trabajadores.
La parlamentaria también recurrió al discurso del «bloqueo» para justificar la disminución en los pagos de bonos y cláusulas para diversos sectores, a través de actas convenio firmadas entre sindicatos oficialistas y el Ministerio del Trabajo.
Durante la sesión, los diputados también aprobaron acuerdos sobre el 85 aniversario de la Guardia Nacional y el Día Internacional de los Pueblo Indígenas. En este último punto, solo el diputado Nixon Maniglia (Alianza Democrática – Amazonas) pidió que se solicite a la Fiscalía General que inicien investigaciones prontas y se esclarezcan las masacres de Parima B, así como el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo.
«Esa señora (la fiscal) que recibe instrucciones de la embajada de Estados Unidos. ¿Eso es un poder judicial independiente? Eso es una podedumbre, un sistema judicial arrodillado, eso es una violación de derechos humanos fundamentales», aseveró el exministro.
Calificó a la fiscal de «delincuente» y exigió a Argentina que «empiecen por limpiar el poder judicial, los jueces que avalaron crímenes de la dictadura, los fiscales corruptos. No hay jueces independientes en Argentina que convoquen a esa fiscal Cecilia Incardona para preguntarle qué hacía en la embajada de Estados Unidos».
Además condicionó que se retome la negociación con la oposición en México si el asunto del avión de Emtrasur no se resuelve a favor de la administración Maduro. "No nos vamos a mover ni en cosas de diálogo ni en cosas de negociación, ni en ninguna cosa de esa. Muy sencillo, igual que como dijimos con el diplomático secuestrado Álex Saab".
Otra cuestión que abordó Rodríguez fue el papel de los medios argentinos, en especial Clarín e Infobae, en este caso. Los señaló como «productores de mentiras. ¿Por qué no dicen que ese avión era francés? Venezuela jamás permitiría que se violentaran los derechos de un argentino como se han violentado los derechos de los venezolanos en ese país».
Este 8 de agosto se cumplieron dos meses de la retención de esta aeronave de Emtrasur, que pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por Estados Unidos por operar como un brazo logístico para transportar armas, recursos y personal de organizaciones terroristas como Hezbollah y las Fuerzas Quds.
Argentina, «pelele del imperio»
Pedro Carreño (PSUV), presidente de la comisión de Política Interior, siguió el discurso del oficialismo sobre el «secuestro» del avión de Emtrasur, pues aseveró que la retención «es darle concresión al bloqueo» de Estados Unidos.
Durante su discurso, el diputado insistió en que las sanciones de ese país buscan un «estallido social» y una «guerra civil» en Venezuela. «Que Alberto Fernández diga si es un pelele del imperio (…) pero lo que subyace es una actitud rastrera con el imperio norteamericano. Esto no es un problema de la justicia sino un problema político porque quieren seguir judicializando a esta patria».
En el acuerdo, presentado por Carreño y aprobado por unanimidad, se expresa que la retención de este avión son «acciones coordinadas» entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos para «aumentar» las sanciones sobre Venezuela. Además se conformó una comisión especial para entregar el jueves 11 de agosto dicho documento y el escrito de los trabajadores de Conviasa y Emtrasur ante la embajada de Argentina.
Mientras que Oscar Ronderos (Alianza Democrática – Nueva Esparta) dijo que no hay elementos que vinculen a Venezuela o Irán con algún delito y que ninguno de sus tripulantes están solicitados. «La unica justificación que tienen es un Tribunal de la Florida», aseveró.
El diputado señaló que pretende convocarse una norma de 2008, que no ha sido reconocida como vigente, para justificar la retención del avión. «Están siendo observados por el mundo, por Venezuela, los venezolanos lo estamos observando y vamos a reclamar la propiedad de esta aeronave».
Yonaika Ojeda, una trabajadora de Conviasa que participó del debate, aseveró que el avión de Emtrasur ha sido usado para «para llevar ayuda humanitaria» a diversos países, entre ellos Cuba. Por ello dijo que son «pretensiones desestabilizadores del imperio norteamericano y sus mentiras y patrañas para desviar la justicia argentina».
También envió un mensaje a sus compañeros: «A nuestros camaradas de trabajo que se encuentran secuestrados en Argentina les hacemos llegar nuestro respeto y consideración (…) Al imperio le decimos que nos devuelvan todos nuestros activos».
Ley para el trabajo a domicilio
Gisela Tovar (PSUV – Yaracuy) presentó el proyecto de ley especial de trabajadoras y trajadores a domicilio. Explicó que este tipo de trabajos es aquel que se realiza desde un domicilio a cambio de una remuneración «que muchas veces es baja», realizado fundamentalmente por mujeres «de escasos recursos», que deben combinarlo con labores de cuido personal y de su familia.
La diputada oficialista dijo que esto es una acción «por el respeto y la dignidad» de este tipo de empleados, al tiempo que aseveró que la redacción de este proyecto fue «interesante», para conseguir que los contratos sean visibles, además de proteger a niños, niñas y adolescentes.
El proyecto contempla que la Inspectoría del Trabajo tenga inspectores especializados para revisar y normar este tipo de actividades, además de sanciones a empresarios que quieran imponer un contrato menor a lo que dicta la Ley Orgánica del Trabajo.
Mientras que la diputada Anyelith Tamayo (Alianza Democrática) dijo que estos trabajadores dependientes y que son parte de empresas privadas, son «importantes contabilizarlos, que haya un registro de cuántos están en condición de empleo informal».
Aseveró que este proyecto busca «garantizar la seguridad social» de estos trabajadores. «Si en esta asamblea estamos hablando de reivindicar a los trabajadores informales, es importante reivindicar a todos los sectores de los trabajadores (…) No sería justo de hablar de seguridad social y por otro lado cercenar los derechos de trabajadores como los del sector educativo nacional».
Bussy Galeano (PSUV – Carabobo) pidió el derecho de palabra para calificar de «cualquier cosa ligera» las declaraciones de Tamayo con el objetivo de tener «cinco minutos de televisión». Afirmó que desde el oficialismo «entienden muy bien» que respetan los derechos y la protección de los trabajadores.
La parlamentaria también recurrió al discurso del «bloqueo» para justificar la disminución en los pagos de bonos y cláusulas para diversos sectores, a través de actas convenio firmadas entre sindicatos oficialistas y el Ministerio del Trabajo.
Durante la sesión, los diputados también aprobaron acuerdos sobre el 85 aniversario de la Guardia Nacional y el Día Internacional de los Pueblo Indígenas. En este último punto, solo el diputado Nixon Maniglia (Alianza Democrática – Amazonas) pidió que se solicite a la Fiscalía General que inicien investigaciones prontas y se esclarezcan las masacres de Parima B, así como el asesinato del líder indígena Virgilio Trujillo.
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