El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, ordenó el cierre de otras 83 ONG locales, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua y la Fundación Enrique Bolaños que cuenta -esta última- con una de las bibliotecas virtuales más completas del país, informó este sábado el Poder Legislativo.
Con esas nuevas 83 asociaciones se elevan a 229 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega en lo que va de mayo, y a 319 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de "agentes extranjeros", lo que han rechazo los afectados.
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya personalidad jurídica fue otorgada un 8 de agosto de 1928, es decir hace casi 94 años.
Además, la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), que creó la biblioteca virtual (www.enriquebolanos.org) con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses.
Asimismo, la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el vital líquido a lugares remotos sin acceso al agua potable.
Según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, también se pide cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
Según ese legislador sandinista, las ONG que han sido ilegalizadas hasta ahora, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos y causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de nueve ONG europeas, seis ONG estadounidenses, y una costarricense.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
La Real Academia Española (RAE) ha emitido este lunes un comunicado en el que manifiesta su "profunda preocupación por el posible cierre" de la Academia Nicaragüense de la Lengua, después de que el Gobierno del país centroamericano, presidido por Daniel Ortega, ordenara el pasado sábado el cierre de la institución, junto con otras 83 ONG locales. El motivo que da el Ejecutivo nicaragüense es que esas ONG no se han inscrito debidamente en el registro de "agentes extranjeros", tal y como obliga la ley. Las organizaciones lo niegan. Otra de las señaladas es la Fundación Enrique Bolaños, conocida por contar con una de las bibliotecas virtuales más completas del país.
Este lunes, el Gobierno nicaragüense hizo la solicitud formal al Parlamento para cerrar la academia de la lengua y las otras 82 organizaciones sin fines de lucro, una iniciativa que será discutida este martes en una sesión plenaria por el órgano, controlado por el oficialismo.
La RAE advierte de que la Academia Nicaragüense, de 94 años de historia, quedará abocada irremisiblemente a la desaparición en cuanto pierda su personalidad jurídica y no pueda manejar cuentas bancarias o pagar salarios.
Con esas nuevas 83 asociaciones se elevan a 229 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo del presidente Daniel Ortega en lo que va de mayo, y a 319 desde diciembre de 2018.
En Nicaragua, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados, que son mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento), se ha cancelado la personalidad jurídica al menos a 236 ONG desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular -originada por unas controvertidas reformas a la seguridad social- calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.
Según el Gobierno de Nicaragua, las ONG han incumplido con las leyes de la materia, entre ellas no inscribirse en el registro de "agentes extranjeros", lo que han rechazo los afectados.
Academía de la Lengua existe de 1928
En la nueva lista, la cartera de Gobernación propuso al Parlamento cancelar la personalidad jurídica a la Academia Nicaragüense de la Lengua, cuya personalidad jurídica fue otorgada un 8 de agosto de 1928, es decir hace casi 94 años.
Además, la Fundación del fallecido expresidente Enrique Bolaños (2002-2007), que creó la biblioteca virtual (www.enriquebolanos.org) con el objetivo de recopilar, preservar y divulgar información política, cultural, jurídica e históricamente relevante para los nicaragüenses.
Asimismo, la Asociación para Promoción y Desarrollo de los Comités de Agua Potable y Saneamiento (Red CAPS), que llevan el vital líquido a lugares remotos sin acceso al agua potable.
Según el decreto presentado por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, también se pide cancelar la personalidad jurídica de la Asociación de Mujeres Nora Astorga, que lleva el nombre de quien fuera vicecanciller y embajadora de Nicaragua ante la ONU durante el primer régimen sandinista (1979-1990).
¿Intentaron derrocar a Ortega?
Según ese legislador sandinista, las ONG que han sido ilegalizadas hasta ahora, más de 200, utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega durante las protestas que estallaron en abril de 2018, aunque no ha presentado pruebas.
En abril de 2018, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como un intento de golpe de Estado, dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Entre las organizaciones que han sido afectadas se encuentran ONG que defendían los derechos humanos y causas médicas, feministas, educativas, ambientalistas, indígenas y de periodistas, así como universidades y centros de pensamiento.
El Ejecutivo también ha cancelado los registros y números perpetuos de nueve ONG europeas, seis ONG estadounidenses, y una costarricense.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
La RAE pide apoyos "públicos y privados"
La Real Academia Española (RAE) ha emitido este lunes un comunicado en el que manifiesta su "profunda preocupación por el posible cierre" de la Academia Nicaragüense de la Lengua, después de que el Gobierno del país centroamericano, presidido por Daniel Ortega, ordenara el pasado sábado el cierre de la institución, junto con otras 83 ONG locales. El motivo que da el Ejecutivo nicaragüense es que esas ONG no se han inscrito debidamente en el registro de "agentes extranjeros", tal y como obliga la ley. Las organizaciones lo niegan. Otra de las señaladas es la Fundación Enrique Bolaños, conocida por contar con una de las bibliotecas virtuales más completas del país.
Este lunes, el Gobierno nicaragüense hizo la solicitud formal al Parlamento para cerrar la academia de la lengua y las otras 82 organizaciones sin fines de lucro, una iniciativa que será discutida este martes en una sesión plenaria por el órgano, controlado por el oficialismo.
La RAE advierte de que la Academia Nicaragüense, de 94 años de historia, quedará abocada irremisiblemente a la desaparición en cuanto pierda su personalidad jurídica y no pueda manejar cuentas bancarias o pagar salarios.
En su comunicado, la RAE recuerda que se trata de una institución "fundamental para el cuidado de la lengua que han llevado a su más alto grado de excelencia escritores del país", en referencia a autores como Rubén Darío, Alfonso Cortés, Ernesto Mejía, José Coronel Urtecho, Lisandro Chávez, Ernesto Cardenal o Pablo Antonio Cuadra, entre otros.
"La Academia", continua la RAE, "desarrolla una labor incansable en beneficio directo del pueblo, que es el dueño del idioma, y cumple una función imprescindible en el concierto internacional como parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), a cuyo trabajo mancomunado contribuye de manera ejemplar". La institución española pide apoyos públicos y privados para evitar esta "pérdida irreparable".
Tras el anuncio del Gobierno de Ortega, la Academia Nicaragüense ha reaccionado destacando su longeva historia y su participación en numerosos proyectos panhispánicos, como el Diccionario panhispánico de dudas, el diccionario fraseológico, el diccionario gastronómico panhispánico o el diccionario de americanismos.
Tras el anuncio del Gobierno de Ortega, la Academia Nicaragüense ha reaccionado destacando su longeva historia y su participación en numerosos proyectos panhispánicos, como el Diccionario panhispánico de dudas, el diccionario fraseológico, el diccionario gastronómico panhispánico o el diccionario de americanismos.
También ha informado de que se encuentra "trabajando en la revisión, enmiendas y aportes a la nueva gramática de la lengua española y al diccionario de la lengua española".
La institución fue fundada en Managua, en 1928, por siete intelectuales, liderados por el político y jurista Carlos Cuadra Pasos, que la instalaron en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La institución fue fundada en Managua, en 1928, por siete intelectuales, liderados por el político y jurista Carlos Cuadra Pasos, que la instalaron en el salón de honor del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Una de sus motivaciones es el diálogo entre dos culturas, por eso su escudo representa el encuentro entre el conquistador Gil González Dávila y un jefe guerrero del Nuevo Mundo, que podría haber sucedido en 1523, cuando los españoles arribaron a aquellas tierras. Lo acompaña un verso de Rubén Darío: "En espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua".
Entre los académicos actuales se encuentran escritores como Sergio Ramírez, exiliado en España tras una orden de detención emitida por el mismo Gobierno, o la poeta y novelista Gioconda Belli, también opositora del régimen. Precisamente, Belli publicó el domingo un tuit con el siguiente mensaje: "La Academia Nicaragüense de la Lengua tiene personería jurídica desde 1928!! Y ahora salen con que no ha llenado requisitos y que le suspenderán personería a una academia que es apolítica por naturaleza. Ni Somoza [por el dictador nicaragüense] lo hizo".
Sumando estas 83 asociaciones, ya serían 229 las ONG amenazadas por el ejecutivo de Ortega, a través del Ministerio de la Gobernación, en lo que va de mayo y 319 desde diciembre de 2018.
Sumando estas 83 asociaciones, ya serían 229 las ONG amenazadas por el ejecutivo de Ortega, a través del Ministerio de la Gobernación, en lo que va de mayo y 319 desde diciembre de 2018.
Ello ha sido posible gracias al voto de los diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, y comenzó algunos meses después del estallido de la revuelta popular de abril de 2018, relacionada con las reformas de la Seguridad Social, que el Gobierno de Ortega calificó como golpe de Estado. Ahora alegan que las organizaciones ilegalizadas utilizaron las donaciones que recibían para derrocar al Gobierno durante las protestas, cuya resaca mantiene al país en vilo desde entonces, aunque de estos supuestos cargos no han presentado pruebas
Con información de EFE y El País
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