El Ministerio Público informó en su cuenta en Twitter de que Pedro Castillo fue incorporado a la investigación ordenada a principios de mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular conocidos como "Los Niños", por la empresaria Karelim López, porque obedecían en todo al mandatario.
El fiscal de la Nación peruana, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra el Presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada "sin perjuicio de otros" ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones.
El Ministerio Público informó en su cuenta en Twitter de que Castillo ha sido incorporado a la investigación que ordenó Sánchez a principios de mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular conocidos como "Los Niños", por la empresaria Karelim López, porque obedecían en todo al mandatario.
Castillo "tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política" que se refiere a la "Excepción a la inmunidad presidencial".
En concreto especifica que el Presidente "sólo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
La Fiscalía ha señalado, además, que se ha ordenado que se tome "la declaración indagatoria" del Presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.
El pasado 6 de mayo Sánchez abrió una investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por el presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, por presunta colusión.
La Fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que estaría liderada por el Presidente Pedro Castillo.
El fiscal de la Nación peruana, Pablo Sánchez, abrió una investigación preliminar contra el Presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada "sin perjuicio de otros" ilícitos que se puedan advertir en el curso de las indagaciones.
El Ministerio Público informó en su cuenta en Twitter de que Castillo ha sido incorporado a la investigación que ordenó Sánchez a principios de mayo contra el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular conocidos como "Los Niños", por la empresaria Karelim López, porque obedecían en todo al mandatario.
Castillo "tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117° de la Constitución Política" que se refiere a la "Excepción a la inmunidad presidencial".
En concreto especifica que el Presidente "sólo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso salvo en los casos previstos en el Artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral".
La Fiscalía ha señalado, además, que se ha ordenado que se tome "la declaración indagatoria" del Presidente Castillo, quien ya ha sido notificado de la disposición.
El pasado 6 de mayo Sánchez abrió una investigación preliminar contra los congresistas Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Juan Carlos Moro, Jorge Luis Flores, Darwin Espinoza e Ilich López, todos ellos de Acción Popular, por el presunto tráfico de influencias, y contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, por presunta colusión.
La Fiscalía investiga si integran una supuesta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que estaría liderada por el Presidente Pedro Castillo.
Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia, Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones en contra del presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Esta investigación no es la única. La Fiscalía abrió una indagatoria contra la primera dama de Perú, Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo, por haberse negado a declarar el 13 de mayo en un caso de presunta corrupción.
Paredes fue citada en calidad de testigo por la denuncia de la empresaria Karelim López de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país. López, investigada por presunta participación en delitos de corrupción, señaló al Presidente del país. Por su parte, la primera dama, acompañada de su abogado, se acogió a su derecho a no declarar.
La investigación preliminar por presunto delito contra la administración pública "en la modalidad de negativa a colaborar", según el periódico El Comercio -que ha tenido acceso a la disposición de la Fiscalía-, señala que el plazo de la investigada es de sesenta días naturales. Dicho delito se presenta de acuerdo con el artículo 371 del Código Procesal Penal.
Para el abogado de Lilia Paredes, la decisión del Ministerio Público por la denuncia se trata de un "exceso", debido al derecho a guardar silencio si su testimonio puede ser incriminatorio para ella o su cónyuge. No obstante, los expertos consultados por El Comercio señalan que el abogado ha utilizado un argumento errado, debido a que Paredes es una testigo y no una investigada.
Con información de La Tercera
El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.
Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones en contra del presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
Investigación contra primera dama
Esta investigación no es la única. La Fiscalía abrió una indagatoria contra la primera dama de Perú, Lilia Paredes, esposa del presidente Pedro Castillo, por haberse negado a declarar el 13 de mayo en un caso de presunta corrupción.
Paredes fue citada en calidad de testigo por la denuncia de la empresaria Karelim López de una presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del país. López, investigada por presunta participación en delitos de corrupción, señaló al Presidente del país. Por su parte, la primera dama, acompañada de su abogado, se acogió a su derecho a no declarar.
La investigación preliminar por presunto delito contra la administración pública "en la modalidad de negativa a colaborar", según el periódico El Comercio -que ha tenido acceso a la disposición de la Fiscalía-, señala que el plazo de la investigada es de sesenta días naturales. Dicho delito se presenta de acuerdo con el artículo 371 del Código Procesal Penal.
Para el abogado de Lilia Paredes, la decisión del Ministerio Público por la denuncia se trata de un "exceso", debido al derecho a guardar silencio si su testimonio puede ser incriminatorio para ella o su cónyuge. No obstante, los expertos consultados por El Comercio señalan que el abogado ha utilizado un argumento errado, debido a que Paredes es una testigo y no una investigada.
Con información de La Tercera
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