Lucy del Carmen Terán Camacho, jueza provisoria del Tribunal de Juicio N° 1 del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, difirió nuevamente la audiencia de conclusiones del caso de Walter Mayorga y Marller González, prevista para este jueves 7 de abril.
Es la cuarta vez en menos de un mes que la jueza dilata el fin de este juicio, en el que no se ha presentado ninguna prueba incriminatoria en contra de los acusados, jóvenes presos desde hace más de seis años por el asesinato de un Guardia Nacional durante las protestas sociales de 2014, según aseguran desde la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Los integrantes de este Observatorio informaron que la jueza Terán difirió la audiencia alegando que, por la hora, no daría tiempo de escuchar las conclusiones de todas las partes. Eran las 11:30 de la mañana cuando se inició la audiencia, prevista para las 11:00 a.m. y retrasada por motivos ajenos a la defensa de los acusados.
La nueva fecha fijada es el lunes 18 de abril. Esta audiencia de conclusiones se fijó por primera vez el pasado 10 de marzo. Dos veces ha sido diferida por la jueza y en dos fechas ha sido dilatada por motivos injustificados.
"Esto es una confabulación entre jueces y fiscales para mantener detenidas a personas que han participado en protestas o son consideradas como opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Se trata de una confabulación delictiva, porque esto no está amparado por las normas que rigen la actuación de estos funcionarios", dijo a la salida del Tribunal Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo jurídico representa la defensa legal de los acusados.
Lupe Fernández, Fiscal Cuarta del Ministerio Público del estado Mérida designada para este caso, es la misma que ejerció el extinto recurso de efecto suspensivo para apelar la sentencia de libertad plena dictada a Erickvaldo José Márquez Moreno en diciembre de 2020.
Por ello Márquez, otro joven preso injustamente durante más de cuatro años por un asesinato que no cometió, cometido en las protestas sociales de 2017, estuvo otros seis meses privado de libertad.
Jennifer Vielma, esposa de Walter Mayorga y madre de un hijo de ambos que tiene apenas 5 años, exige que se haga justicia y que el final del juicio deje de ser pospuesto. "Walter no conoce a nuestro hijo. Solo lo ha visto en fotos y por videollamadas. Al niño le digo que su papá está de viaje, que está trabajando. Él (Walter) era agricultor en Ejido y, cuando lo detuvieron hace más de seis años, iba en un autobús para presentarse a prestar servicio en el cuartel", cuenta Vielma, quien asegura que su esposo y Marller González, a quien detienen posteriormente para acusarlo del mismo asesinato, no se conocían.
Por su parte los familiares de González viven en Jají, población ubicada a las afueras de la ciudad de Mérida. Para asistir a las audiencias de juicio deben salir a las 3:00 de la mañana de su casa y caminar más de cuatro horas para llegar a una estación de autobús y de allí trasladarse al Circuito Judicial Penal. En menos de un mes han perdido ese viaje, que también les cuesta dinero en pasajes, en cuatro ocasiones.
"Es una falta de respeto. Llevamos casi mes y medio asistiendo a audiencias para que den las conclusiones. No hay una razón justa para seguir difiriendo. No es posible que se burlen de la gente de esta manera. ¿Hasta cuándo? Mi hermano estuvo cinco años sin derecho a una audiencia, y ahora alargan el juicio. ¿Con qué derecho contamos nosotros los venezolanos?", dijo Franklin Rondón, hermano de Marller González, a la salida del Tribunal esta mañana.
Los casos de Walter Mayorga, Marller González, Steven García, Erickvaldo Márquez y Daniel Parra responden al mismo patrón de represalias contra quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro y de criminalización de las protestas sociales realizadas en 2014 y 2017. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocen estos casos y los han documentado en sus informes sobre violaciones a los DD. HH. en Venezuela.
Una vez más el ODH-ULA exige al Estado venezolano que garantice el cumplimiento de la justicia en el país y denuncia las graves irregularidades cometidas por jueces y fiscales venezolanos en el desempeño de sus funciones, con las que violan todos los derechos de las personas privadas de libertad.
Prensa ODH ULA
Es la cuarta vez en menos de un mes que la jueza dilata el fin de este juicio, en el que no se ha presentado ninguna prueba incriminatoria en contra de los acusados, jóvenes presos desde hace más de seis años por el asesinato de un Guardia Nacional durante las protestas sociales de 2014, según aseguran desde la Oficina de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
Los integrantes de este Observatorio informaron que la jueza Terán difirió la audiencia alegando que, por la hora, no daría tiempo de escuchar las conclusiones de todas las partes. Eran las 11:30 de la mañana cuando se inició la audiencia, prevista para las 11:00 a.m. y retrasada por motivos ajenos a la defensa de los acusados.
La nueva fecha fijada es el lunes 18 de abril. Esta audiencia de conclusiones se fijó por primera vez el pasado 10 de marzo. Dos veces ha sido diferida por la jueza y en dos fechas ha sido dilatada por motivos injustificados.
"Esto es una confabulación entre jueces y fiscales para mantener detenidas a personas que han participado en protestas o son consideradas como opositoras al régimen de Nicolás Maduro. Se trata de una confabulación delictiva, porque esto no está amparado por las normas que rigen la actuación de estos funcionarios", dijo a la salida del Tribunal Mayda Hocevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), cuyo equipo jurídico representa la defensa legal de los acusados.
Lupe Fernández, Fiscal Cuarta del Ministerio Público del estado Mérida designada para este caso, es la misma que ejerció el extinto recurso de efecto suspensivo para apelar la sentencia de libertad plena dictada a Erickvaldo José Márquez Moreno en diciembre de 2020.
Por ello Márquez, otro joven preso injustamente durante más de cuatro años por un asesinato que no cometió, cometido en las protestas sociales de 2017, estuvo otros seis meses privado de libertad.
Familiares se sienten burlados
Jennifer Vielma, esposa de Walter Mayorga y madre de un hijo de ambos que tiene apenas 5 años, exige que se haga justicia y que el final del juicio deje de ser pospuesto. "Walter no conoce a nuestro hijo. Solo lo ha visto en fotos y por videollamadas. Al niño le digo que su papá está de viaje, que está trabajando. Él (Walter) era agricultor en Ejido y, cuando lo detuvieron hace más de seis años, iba en un autobús para presentarse a prestar servicio en el cuartel", cuenta Vielma, quien asegura que su esposo y Marller González, a quien detienen posteriormente para acusarlo del mismo asesinato, no se conocían.
Por su parte los familiares de González viven en Jají, población ubicada a las afueras de la ciudad de Mérida. Para asistir a las audiencias de juicio deben salir a las 3:00 de la mañana de su casa y caminar más de cuatro horas para llegar a una estación de autobús y de allí trasladarse al Circuito Judicial Penal. En menos de un mes han perdido ese viaje, que también les cuesta dinero en pasajes, en cuatro ocasiones.
"Es una falta de respeto. Llevamos casi mes y medio asistiendo a audiencias para que den las conclusiones. No hay una razón justa para seguir difiriendo. No es posible que se burlen de la gente de esta manera. ¿Hasta cuándo? Mi hermano estuvo cinco años sin derecho a una audiencia, y ahora alargan el juicio. ¿Con qué derecho contamos nosotros los venezolanos?", dijo Franklin Rondón, hermano de Marller González, a la salida del Tribunal esta mañana.
Los casos de Walter Mayorga, Marller González, Steven García, Erickvaldo Márquez y Daniel Parra responden al mismo patrón de represalias contra quienes se oponen al régimen de Nicolás Maduro y de criminalización de las protestas sociales realizadas en 2014 y 2017. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conocen estos casos y los han documentado en sus informes sobre violaciones a los DD. HH. en Venezuela.
Una vez más el ODH-ULA exige al Estado venezolano que garantice el cumplimiento de la justicia en el país y denuncia las graves irregularidades cometidas por jueces y fiscales venezolanos en el desempeño de sus funciones, con las que violan todos los derechos de las personas privadas de libertad.
Prensa ODH ULA
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