Representantes del gremio universitario, debatieron sobre lo que califican como una decisión "arbitraria", por parte de la FTUV (Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela) y la OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario), a los nuevos ajustes a las tablas salariales, tras el aumento de salario mínimo decretado por el Ejecutivo nacional.
En este sentido, la profesora Keta Stephany Secretaria de información de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), expresó que esta decisión fue tomada sin consulta previa con los demás gremios del Consejo Universitario, por lo tanto estas acciones violan los derechos laborales y sistemáticamente la posibilidad de debatir sobre las condiciones de trabajo y remuneración.
Para Stephany, esto claramente cerca la autonomía universitaria, "la universidad perdió la nómina y ya no está administrando sus recursos. No recibe el presupuesto, que es de la nación y no del Gobierno. No es posible una universidad sin autonomía. Con esto se compromete la libertad académica", dijo.
Destacó que aunque el documento de la última convención haya sido aprobado con el objetivo de una "transformación universitaria", Stephany advirtió que "en el fondo sabemos perfectamente que será un modelo centralizado donde el Ministerio asumirá las competencias de los consejos universitarios".
Al respecto, el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, (APUCV) indicó que la decisión tomada de fondo representa una violación a lo establecido en la Constitución, la cual señala que el bien fundamental del Estado es el desarrollo del ser humano, a su juicio "estamos en presencia de un situación de regresión de carácter laboral, el Gobierno está desconociendo elementos fundamentales de la Ley y eso es sumamente grave".
Por lo tanto, Márquez explicó que "si el Consejo Universitario ejecuta una decisión que viola la Constitución estaría expuesto a sanciones administrativas, todo esto se basa en políticas del Estado que no son nuevas y que han ido conduciendo al deterioro creciente de la universidad y las condiciones de vida del trabajador. Con esto siguen manteniendo a la universidad en una situación de permanente cerco presupuestario".
Por su parte, Almalio Belmonte secretario de la UCV, vicerrector administrativo encargado calificó de "injusta y poco consultada" la decisión por parte de la Dirección de Planificación y Finanzas del Ministerio de Educación Universitaria al dejar de lado la cuarta convención colectiva que tiene que ver con todos los beneficios y salarios de los trabajadores de la universidad.
Belmonte manifestó que dichas acciones contradicen el mandato del presidente de la República, además que viola la Constitución, "somos conscientes que estamos en una situación de dilema forzado y tuvimos que aceptar enviarle a la OPSU los requerimientos que están pidiendo de los cuales no estamos de acuerdo".
Y expresó que de no enviar las exigencias eso podría repercutir negativamente sobre la nómina, "entonces no cobrarían lo magro del sueldo que obviamente es precario e injusto. Sin embargo, debemos enviar los requerimientos, porque de otra manera el organismo va a repartir como quiera el presupuesto que tiene la universidad de sueldo y salarios e incluso incidir negativamente sobre los beneficios".
Belmonte aseguró haberse dirigido a la Ministra de Educación Universitaria Tibisay Lucena, para plantearle el desacuerdo, pero no han recibido respuesta alguna. "La única alternativa que nos quedó fue protestar, enviar obviamente los requerimientos, en todo caso vamos a demandar, ante los organismos competentes todo lo que inconstitucionalmente se nos está mandando hacer".
Para Belmonte, esto "es una manera de intimidar, de coaccionar y forzar a un organismo a tomar una decisión de esa naturaleza. Por eso, es que hemos solicitado una entrevista urgente a la ministra para discutir este asunto".
Sobre el tema Eduardo Sánchez presidente del Sindicato de trabajadores de la UCV, (SinatraUCV), consideró el decreto del Ejecutivo como un falso positivo, "en las tablas nos rebajan el salario, entorno a que todas las contrataciones colectivas sencillamente se eliminan, sin tener la posibilidad de conversarlas con nadie, no se reúnen con ningún gremio solo con la FTUV que dirige un grupo del partido adepto al Gobierno y que ni siquiera es para discutir, sino para imponer sus propias normas".
Stephany señaló, a su juicio, que "con estas acciones están desestimulando la permanencia, es una política para que nos vayamos todos. Aquí no solo está en peligro la autonomía universitaria sino la educación, las garantías de los derechos humanos en el caso de la educación en Venezuela está suspendido. Si el Gobierno toma el control del ingreso y ascenso de los profesores universitarios, ya no habrá universidad".
Igualmente, Márquez agregó que "hasta cuándo le vamos a estar aceptando que nos impongan cosas, el sistema patria, nos cambian las normativas laborales, nos desconocen los derechos, nos quitan las contrataciones colectivas, nos imponen el contrato de trabajo, bueno por esa vía, ya queda que hagan lo que les dé la gana".
"Yo soy de los que pienso que hay que rehacer la lucha y que si eso trae consecuencia hay que aceptarla, pero eso no lo debe asumir solamente la UCV sino todas las universidades del país", dijo Márquez.
Finalmente Belmonte añadió que "la actitud gremial debe ser distinta a la de las autoridades y debemos actuar con firmeza y prudencia. El propio funcionario del ministerio que nos está obligando e intimidando para que enviemos las normas está violando la cuarta convención colectiva donde estaban establecidos beneficios que ahora se están disminuyendo, hay muchas contradicciones en sus argumentos".
Con información de Globovisión
Para Stephany, esto claramente cerca la autonomía universitaria, "la universidad perdió la nómina y ya no está administrando sus recursos. No recibe el presupuesto, que es de la nación y no del Gobierno. No es posible una universidad sin autonomía. Con esto se compromete la libertad académica", dijo.
Destacó que aunque el documento de la última convención haya sido aprobado con el objetivo de una "transformación universitaria", Stephany advirtió que "en el fondo sabemos perfectamente que será un modelo centralizado donde el Ministerio asumirá las competencias de los consejos universitarios".
Al respecto, el profesor Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, (APUCV) indicó que la decisión tomada de fondo representa una violación a lo establecido en la Constitución, la cual señala que el bien fundamental del Estado es el desarrollo del ser humano, a su juicio "estamos en presencia de un situación de regresión de carácter laboral, el Gobierno está desconociendo elementos fundamentales de la Ley y eso es sumamente grave".
Por lo tanto, Márquez explicó que "si el Consejo Universitario ejecuta una decisión que viola la Constitución estaría expuesto a sanciones administrativas, todo esto se basa en políticas del Estado que no son nuevas y que han ido conduciendo al deterioro creciente de la universidad y las condiciones de vida del trabajador. Con esto siguen manteniendo a la universidad en una situación de permanente cerco presupuestario".
Por su parte, Almalio Belmonte secretario de la UCV, vicerrector administrativo encargado calificó de "injusta y poco consultada" la decisión por parte de la Dirección de Planificación y Finanzas del Ministerio de Educación Universitaria al dejar de lado la cuarta convención colectiva que tiene que ver con todos los beneficios y salarios de los trabajadores de la universidad.
Belmonte manifestó que dichas acciones contradicen el mandato del presidente de la República, además que viola la Constitución, "somos conscientes que estamos en una situación de dilema forzado y tuvimos que aceptar enviarle a la OPSU los requerimientos que están pidiendo de los cuales no estamos de acuerdo".
Y expresó que de no enviar las exigencias eso podría repercutir negativamente sobre la nómina, "entonces no cobrarían lo magro del sueldo que obviamente es precario e injusto. Sin embargo, debemos enviar los requerimientos, porque de otra manera el organismo va a repartir como quiera el presupuesto que tiene la universidad de sueldo y salarios e incluso incidir negativamente sobre los beneficios".
Belmonte aseguró haberse dirigido a la Ministra de Educación Universitaria Tibisay Lucena, para plantearle el desacuerdo, pero no han recibido respuesta alguna. "La única alternativa que nos quedó fue protestar, enviar obviamente los requerimientos, en todo caso vamos a demandar, ante los organismos competentes todo lo que inconstitucionalmente se nos está mandando hacer".
Para Belmonte, esto "es una manera de intimidar, de coaccionar y forzar a un organismo a tomar una decisión de esa naturaleza. Por eso, es que hemos solicitado una entrevista urgente a la ministra para discutir este asunto".
Sobre el tema Eduardo Sánchez presidente del Sindicato de trabajadores de la UCV, (SinatraUCV), consideró el decreto del Ejecutivo como un falso positivo, "en las tablas nos rebajan el salario, entorno a que todas las contrataciones colectivas sencillamente se eliminan, sin tener la posibilidad de conversarlas con nadie, no se reúnen con ningún gremio solo con la FTUV que dirige un grupo del partido adepto al Gobierno y que ni siquiera es para discutir, sino para imponer sus propias normas".
Stephany señaló, a su juicio, que "con estas acciones están desestimulando la permanencia, es una política para que nos vayamos todos. Aquí no solo está en peligro la autonomía universitaria sino la educación, las garantías de los derechos humanos en el caso de la educación en Venezuela está suspendido. Si el Gobierno toma el control del ingreso y ascenso de los profesores universitarios, ya no habrá universidad".
Igualmente, Márquez agregó que "hasta cuándo le vamos a estar aceptando que nos impongan cosas, el sistema patria, nos cambian las normativas laborales, nos desconocen los derechos, nos quitan las contrataciones colectivas, nos imponen el contrato de trabajo, bueno por esa vía, ya queda que hagan lo que les dé la gana".
"Yo soy de los que pienso que hay que rehacer la lucha y que si eso trae consecuencia hay que aceptarla, pero eso no lo debe asumir solamente la UCV sino todas las universidades del país", dijo Márquez.
Finalmente Belmonte añadió que "la actitud gremial debe ser distinta a la de las autoridades y debemos actuar con firmeza y prudencia. El propio funcionario del ministerio que nos está obligando e intimidando para que enviemos las normas está violando la cuarta convención colectiva donde estaban establecidos beneficios que ahora se están disminuyendo, hay muchas contradicciones en sus argumentos".
Con información de Globovisión
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