El Tribunal 12 de juicio del Área Metropolitana de Caracas condenó a 30 años de prisión a los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Ascanio Antonio Tarascio y Estiben Zarate Soto, por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
La información fue confirmada por el abogado Alonso Medina Roa, quien ejerce la representación del capitán y su familia. Ambos funcionarios de la Dgcim fueron hallados culpables por los delitos de homicidio calificado y torturas.
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dgcim por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Tras estar desaparecido forzosamente por varios días, su abogado cuenta que al llegar a tribunales militares el 29 de junio presentaba evidentes signos de tortura y murió en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ese año que, según las informaciones recibidas, el militar había sido torturado de tal forma que provocaron lesiones irreversibles.
Por el asesinato del capitán Acosta Arévalo no ha sido investigada o juzgada la cadena de mando a la que respondían el teniente Tarascio y el sargento Zárate, algo que han solicitado ONG nacionales e internacionales.
En 2021 el tribunal ordenó el pase a juicio luego de que, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación hecha por el Ministerio Público contra los funcionarios de la Dgcim. El TSJ alegó que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Ese mismo octubre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, admitió que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura.
La anterior acusación de «homicidio preterintencional con causal» exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.
Su caso también fue denunciado por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela.
Además, forma parte de las acusaciones hechas contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía ya ha avanzado en una investigación.
Con información de El Impulso
La información fue confirmada por el abogado Alonso Medina Roa, quien ejerce la representación del capitán y su familia. Ambos funcionarios de la Dgcim fueron hallados culpables por los delitos de homicidio calificado y torturas.
Rafael Acosta Arévalo fue detenido en buenas condiciones físicas el 21 de junio de 2019 por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dgcim por su supuesta vinculación con el fallido alzamiento militar del 30 de abril de 2019.
Tras estar desaparecido forzosamente por varios días, su abogado cuenta que al llegar a tribunales militares el 29 de junio presentaba evidentes signos de tortura y murió en el Hospital Militar, sin siquiera haber sido presentado ante el tribunal.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció ese año que, según las informaciones recibidas, el militar había sido torturado de tal forma que provocaron lesiones irreversibles.
Por el asesinato del capitán Acosta Arévalo no ha sido investigada o juzgada la cadena de mando a la que respondían el teniente Tarascio y el sargento Zárate, algo que han solicitado ONG nacionales e internacionales.
En 2021 el tribunal ordenó el pase a juicio luego de que, en octubre de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la acusación hecha por el Ministerio Público contra los funcionarios de la Dgcim. El TSJ alegó que en el proceso judicial se registraron actuaciones que atentaron contra el derecho a la defensa, al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, y a los derechos de la víctima del delito.
Ese mismo octubre, el fiscal impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, admitió que se había realizado una nueva imputación, está vez reconociendo la intencionalidad del homicidio y la tortura.
La anterior acusación de «homicidio preterintencional con causal» exculpaba a los presuntos torturadores, como lo denunciaron activistas de derechos humanos e incluso un exfiscal del MP.
Su caso también fue denunciado por la Misión de Verificación de Hechos, un mandato del Consejo de DDHH de la ONU sobre Venezuela.
Además, forma parte de las acusaciones hechas contra Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía ya ha avanzado en una investigación.
Con información de El Impulso
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