Si de aprobarse y emitirse en Gaceta oficial la reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales, las personas natural o jurídica deberán pagar por sus transacciones en dólares o criptomonedas un impuesto de entre el 2% hasta el 20%, dependiendo de la decisión del Ejecutivo nacional.
Según señaló El Estímulo citando al economista y CEO de Olmos Group Venezuela, Aaron Olmos, el impuesto se intenta imponer por la necesidad que tiene el Gobierno de obtener dinero, ya que en el país las transacciones en monedas extrajeras han aumentado en los últimos años.
Asimismo, la reforma a la ley plantea que tiene como objetivo «incentivar en términos tributarios el uso del Bolívar, haciendo más barato su uso respecto de las divisas, apoyando así al fortalecimiento gradual de nuestra moneda nacional».
«En principio, cada vez que se modifica una Ley en términos fiscales es para recoger dinero del mercado interno y con eso también financiar el gasto público. Aunque en esta ocasión también busca estimular el uso del bolívar al intentar desestimular el uso de otros mecanismos de pago», indicó Olmos.
¿Cómo sabe el Gobierno que un comercio no se salta la ley?
Para el economista Aaron Olmos, el Gobierno no tiene la capacidad de saber cuál fue la vía de pago en un establecimiento; además, un pago en efectivo es menos rastreable. La manera que podrían obtener información es por un pago hecho con una tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares de la banca nacional.
«Generalmente cuando te dan una factura, así pagues en dólares, el valor de la factura se ve reflejado en bolívares a la tasa de cambio del día», dijo.
Por su parte, el contador, abogado y socio de asesoría fiscal PwC Venezuela, José Javier García, también dijo algo parecido, pero que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) puede fiscalizar a los comercios.
El Seniat puede determinar si la facturación final no corresponde con las cuentas; de manera que se puede deducir que hay dinero restante.
«Esto puede representar un problema legal que los comercios, al menos los grandes, no quieran asumir solo para evitar que los clientes dejen de pagar el 2,5% de la alícuota», detalló para el medio.
El proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras sigue en discusión aunque ya fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional. Consta de ocho artículos nuevos orientados a «levantar la confianza en la moneda nacional».
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